La Transparencia llega a los Tribunales

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación de RTVE para no facilitar el informe de auditoría de la Corporación.

En el año 2016 la Corporación RTVE denegó una solicitud para que se publicase el informe de auditoría de regularidad contable regulada en el artículo 164 de la Ley General Presupuestaria. Cabe destacar que no se trata de una auditoría de regularidad contable o auditoría de cuentas, que en el caso de RTVE se lleva a cabo por un auditor privado, sino de la competencia que la LGP atribuye a la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE) para el control interno de la actividad económico-financiero del sector público estatal del que forma parte RTVE.

Planteada la controversia en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se dictó Resolución estableciendo que “El uso de fondos públicos se encuentra, precisamente, en el eje de las obligaciones de transparencia previstas en la norma y constituye, según lo expuesto, uno de los elementos fundamentales para la rendición de cuentas, que forma parte de e los objetivos para los que la norma fue aprobada”. Y por lo tanto dictaminó que debía reconocerse el derecho a acceder a la información solicitada.

RTVE recurrió en la vía contencioso administrativa la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Finalmente, la Audiencia Nacional desestima el recurso de apelación concluyendo que “[…] hay que considerar que la solicitud del reclamante se había planteado, propiamente, en el ejercicio del derecho a la información pública garantizado en la Ley 19/2003, siendo la concreta información, a cuyo acceso se dirigía la solicitud, la relativa a la última auditoría realizada por la IGAE sobre CRTVE, cuyo soporte legal se encuentra en el art. 37.3 de la Ley 17/2006, de 5 de junio. Información que se encontraba en poder de dicha corporación y que ésta estaba obligada a proporcionar al solicitante, conforme al art. 13 de la Ley 13/2009"

En conclusión, no cabe aplicar cualquier límite al derecho de acceso a la información pública. Especialmente, se habrá de otorgar cuando la ciudadanía requiere conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones.