Videovigilancia y geolocalización de personal de la Administración

El uso de las tecnologías en cualquier ámbito personal y profesional ha provocado que durante los últimos años hayamos observado un considerable aumento de los conflictos de derechos fundamentales que los órganos judiciales han interpretado en función del bien jurídico que ha de primar, y ello, en relación al fin perseguido.

Estos supuestos de uso de tecnologías y el posible conflicto entre el derecho fundamental a la intimidad y otros derechos han alcanzado al ámbito profesional y, por ende, a las entidades públicas tanto en sus relaciones ad intra como ad extra.

La recientemente aprobada Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y de garantía de los derechos digitales también intenta proteger los derechos del personal de la Administración ante el uso de tecnologías mediante dispositivos capaces de geolocalizar y videovigilar a las personas en el ámbito de su desempeño laboral.

En concreto, no sólo los artículos 89 y 90 de la Ley establecen las reglas generales para efectuar con garantías el control pretendido, sino que, incluso, la propia Ley de protección de datos ha modificado la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público por cuanto se ha añadido un derecho individual más en el artículo 14 j bis) reconociendo el derecho “a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Piénsese, por ejemplo, en las fuerzas y cuerpos de seguridad que precisan de herramientas y dispositivos tecnológicos como móviles y radios que les sirven para llevar a cabo su función en el ámbito de sus competencias y que también pueden ser geolocalizados al mismo tiempo, de tal modo que, resultará preciso observar las reglas y normas sentadas por la normativa de protección de datos ante cualquier uso o fin destinado a observar la correcta actuación del personal de la Administración mediante las tecnologías mencionadas.