Referencias a protección de datos en la legislación vigente en materia de administración electrónica

Recientemente se ha producido la entrada en vigor de la normativa en materia de administración electrónica en el ámbito del sector público, la cual contempla la protección de datos como un principio fundamental aplicable a las Administraciones Públicas y un derecho de la ciudadanía en sus relaciones con estas.

En concreto, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público referente a principios generales establece que las Administraciones Públicas, en sus relaciones a través de medios electrónicos, han de respetar el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Asimismo, el artículo 4 de la mencionada norma, refrenda el respeto debido a la protección de datos como límite aplicable a las actividades que desarrollan las Administraciones en su marco competencial.

Las encomiendas de gestión, en el ámbito del derecho administrativo, tienen su encaje en la figura del encargado de tratamiento previsto en el artículo 12 de la LOPD, lo cual se especifica igualmente en el artículo 11 de la Ley 40/2015. También existen referencias al respeto debido a protección de datos en la legislación de régimen jurídico del sector público en relación al archivo electrónico de documentos y a las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.

Por otro lado, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se encuentra una lógica previsión de cumplimiento de protección de datos desde el punto de vista de la ciudadanía en su relación con las Administraciones Públicas.

De este modo, protección de datos se constituye como un derecho de los afectados ante las Administraciones Públicas, y en consecuencia, a que sus datos sean tratados con la debida confidencialidad y seguridad (Artículo 13.h de la Ley 39/2015).

Por lo tanto, es posible concluir que protección de datos se constituye como un principio del derecho administrativo aplicable a las Administraciones Públicas en el ámbito de su actuación y como un derecho de la ciudadanía en su relación con el sector público, y en todo caso, en las relaciones desarrolladas a través de medios electrónicos sean estas entre las Administraciones o entre éstas y la ciudadanía.

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