El derecho a la intimidad en la Administración

La nueva Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales ha introducido en el Título X algunas novedades regulatorias denominadas garantía de los derechos digitales. En el ámbito del sector público, la Ley describe supuestos mediante los cuales pretende proteger el derecho a la intimidad del personal en su ámbito de trabajo.

En concreto, los artículos 87 a 90 regulan el derecho a la intimidad en el trabajo con respecto al uso de dispositivos digitales profesionales, el uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos, el uso de dispositivos de geolocalización y el derecho a la desconexión digital.

Con carácter general, los preceptos mencionados establecen unas reglas generales por cuanto la organización ha de informar con carácter previo, expreso e inequívoco al personal trabajador acerca del control que se pretende realizar y los criterios de aplicación, y en su caso, a la representación sindical si la hubiere.

Asimismo, las medidas implantadas o utilizadas deben ser siempre proporcionales con respecto al control que se pretende efectuar y lógicamente, tienen sus límites por cuanto no se pueden invadir espacios reservados a la intimidad. Por ejemplo, no se admite “la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”.

En resumen, es posible controlar el desempeño laboral en el ámbito público si bien existen unas reglas y límites de ponderación de derechos a aplicar previamente a la implantación y uso de tecnologías al efecto.