EL ARARTEKO PUBLICA UN ESTUDIO EN EL QUE ANALIZA LA SITUACIÓN
La video vigilancia siempre ha sido una temática controvertida, desde la perspectiva de la protección de datos personales, volviendo a traerla de actualidad el estudio publicado por la Oficina del Ararteko denominado Videovigilancia por seguridad ciudadana en el ámbito público de Euskadi: análisis desde la perspectiva de los derechos fundamentales.
Han pasado muchos años desde que la antaño Agencia de Protección de datos emitiese una serie de criterios dentro de su instrucción referida al control de acceso a edificios en el año 1996, cuando todavía los sistemas de captación de imágenes eran costosos desde el punto de vista técnico y organizativo, dado que la gestión de aquellas “cintas” o casetes hacían que su utilización no fuese desmedida, aun cuando empezaban a introducirse de forma paulatina en la actividad social. Lo cierto es que con el paso del tiempo la tecnología ha abaratado los costes, la gestión de los sistemas se puede hacer en remoto y la captación de imágenes se ha vuelto una actividad al alcance de todos, dado que las cámaras, grandes o pequeñas, se han instalado en nuestras vidas sin ser conscientes de su proliferación. En la actualidad es difícil concebir la posibilidad adquirir un teléfono móvil sin cámaras incorporadas en su frontal y en su parte posterior, vehículos con cámaras para el aparcamiento, televisores, tabletas, ordenadores, portátiles, porteros automáticos o incluso aspiradoras con cámaras, lo que ha llevado a ser considerado como un requisito de muchos dispositivos, a costa de asumir riesgos de difícil valoración.
El estudio del Ararteko detecta la misma realidad y pone el foco en el Sector público indicando que “las administraciones públicas participan plenamente en el desarrollo tecnológico y, específicamente, en el de los sistemas de videovigilancia. Cuando recurren a la videovigilancia tienen, de igual manera, el deber de hacerlo con pleno cumplimiento del principio de legalidad y pleno respeto del régimen de garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía”. En su estudio participan diferentes Administraciones Territoriales de Euskadi, detectando en esta muestra más de 4.000 cámaras en funcionamiento.
Por su puesto, de este estudio generan varias preguntas que plantean un debate profundo sobre su cantidad, su calidad y su necesidad. Claramente, ni se detecta ni hay un interés de los Poderes Públicos de convertirse en un Gran Hermano, pero no es menos cierto que debe contarse con una ciudadanía concienciada y con un contrapeso, como el propio Ararteko o la Autoridad Vasca de Protección de datos para compensar ese número masivo de cámaras marcando las líneas rojas que no deben superarse y recibiendo las reclamaciones de la ciudadanía respecto al posible uso de las mismas.
De cualquier de las maneras es un debate de una sociedad sana que debe hacernos más conscientes de los usos de las tecnologías, así como las herramientas e instituciones que disponemos para revisar esa descompensación.